Entre sus principales funciones se encuentran la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales, la emisión de normas generales para regular el mercado de valores, y la promoción de un mercado competitivo, ordenado y transparente. La Superintendencia también se encarga de asegurar la correcta formación de precios en los mercados y de facilitar la difusión de información necesaria para proteger a los inversionistas.

Además, supervisa y controla a las personas y entidades involucradas en el mercado de valores, manteniendo el Registro Público del Mercado de Valores. Tiene la autoridad para aplicar sanciones establecidas en la ley y puede requerir información veraz y oportuna sobre la situación jurídica, económica y financiera de las entidades fiscalizadas. La Superintendencia también establece normas para la presentación de estados financieros y contabilidad de las instituciones fiscalizadas, y supervisa a los auditores externos.

Otra función clave es la capacidad de suspender ofertas públicas y la propaganda engañosa, así como investigar denuncias y reclamos relacionados con el mercado de valores. La Superintendencia autoriza a las entidades a operar en el mercado de valores y establece aranceles y condiciones generales para las bolsas. Además, participa en organismos internacionales y celebra acuerdos con entidades reguladoras de otros países.